En su momento asegurábamos que el año escolar se iniciaría marcado por la incertidumbre respecto a algunos temas centrales para nuestro pueblo y para la educación. Y por la expectativa en cuanto a la llegada de las vacunas, la evolución de salarios y jubilaciones, la convocatoria a los consejos de salarios, la rendición de cuentas, las tarifas públicas y los aumentos en los impuestos, la presencialidad plena en los centros educativos, las aulas para dividir grupos, los cargos para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños, el Programa Maestros Comunitarios y su continuidad, la disminución de cargos de maestros dinamizadores del Plan CEIBAL... un sinfín de dudas, muchos temas que generan inquietud y nerviosismo. Son todos asuntos que demandan la acción decidida y responsable de nuestra Federación, del movimiento sindical y sus aliados.

Sin duda es un año que, sabíamos, iba a presentar características propias y distintivas de años anteriores. No obstante, algunas líneas se mantendrían, la emergencia sanitaria desde el 13 de marzo y su agravamiento a partir de noviembre de 2020, la implementación de las modificaciones establecidas por la Ley Nº 18.889 (LUC) que al interior de la ANEP suponen la eliminación del Consejo de Educación Inicial y Primaria y de la representación docente. La aplicación de las políticas educativas establecidas por la ANEP en su mensaje presupuestal y los recortes aprobados en la Ley de Presupuesto en todos los rubros y en el salario, son algunos de los principales aspectos a considerar.

A pesar de las advertencias de FUM-TEP, el inicio de año estuvo pautado por la falta de previsión de las autoridades para asegurar el desarrollo normal de las clases en todo el país, en todas las escuelas, para todos los niños y niñas, en condiciones seguras y con presencialidad.

Los cambios en la estructura de ANEP y la nueva política impulsada desde el CODICEN condicionan un nuevo escenario para maestras, maestros, profesoras, profesores, funcionarias y funcionarios no docentes de Educación Inicial y Primaria. Ya lo estamos viviendo.

Hoy, casi transcurrido medio año, nos enfrentamos a una situación en que la pandemia siguió avanzando en forma sostenida, aumentaron exponencialmente los contagios, apareció una nueva cepa y lamentamos cada vez más fallecimientos. Esto afectó el funcionamiento de las escuelas –en algunos centros se hizo insostenible la presencialidad segura– pues no habían resuelto ninguno de los problemas que tenían los centros educativos.

La Federación intervino ante las autoridades de la educación en el entendido de que se debían atender las circunstancias particulares de las regiones afectadas del país. Lamentablemente, nuestros planteos no fueron tenidos en cuenta a la hora de las definiciones.

La creación de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) significa no solo la eliminación de la dirección colectiva y de la posibilidad de informarnos e incidir en el Consejo a través del consejero o de la consejera electos, sino también una mayor centralización de las decisiones en el CODICEN y una disminución de las oportunidades de negociación. Esto lo denunciamos en instancias bipartitas CSEU-CODICEN.

Los cambios establecidos en la LUC, que en materia de educación impactan la institucionalidad de Primaria y la ANEP, agravian su autonomía y la historia de la educación pública abriéndole espacios a la educación privada, son algunos de los motivos que llevan a FUM-TEP a sumarse activamente a la campaña de recolección de firmas para la derogación de 135 artículos de esa ley, junto al PIT-CNT, la Intersocial, FEUU, FUCVAM y el Frente Amplio.

Las políticas que se apliquen desde el CODICEN con los anunciados cambios estatutarios y programáticos, así como las incertidumbres en torno a la formación permanente, generan un escenario de máxima alerta para la defensa y la mejora de las condiciones laborales y el desarrollo profesional docente de maestras y maestros.

Por otra parte, en 2021 se aplican recortes presupuestales y una disminución salarial del 5% para docentes, funcionarios y funcionarias de Primaria que equivale a la pérdida de dieciocho jornales en el año. Estamos ya ante las puertas de la primera Rendición de Cuentas de este gobierno, la que entre otros aspectos involucrará salarios, condiciones de trabajo, infraestructura, etc., y será posible contrarrestar estas pérdidas salariales para el año 2022 y subsiguientes. Ante este panorama, la Mesa Representativa Federal de FUM-TEP, reunida en mayo, resolvió:

1. Campaña de recolección de firmas para la derogación de 135 artículos de la LUC

Reafirmamos que la campaña de recolección de firmas constituye un aspecto central hasta el 9 de julio. Una vez lograda la cantidad de firmas necesarias, como se espera, la segunda mitad del año estaría destinada a una campaña de obtención de la mayoría de los votos para reafirmar derechos y derogar esos artículos impopulares, represivos, concentradores y privatizadores.

2. Desarrollo de los cursos y vuelta a la presencialidad

La incertidumbre con que se iniciaron los cursos en marzo – sin soluciones a la imposibilidad de aplicación real de los protocolos sanitarios que garantizaran una presencialidad segura– y el aumento de casos de coronavirus hicieron que las autoridades decidieran la suspensión de los cursos presenciales con el objetivo de bajar la movilidad.

Las fallas para garantizar la alimentación de niñas y niños de las escuelas públicas han sido permanentes en tiempos de no presencialidad. El servicio de alimentación de emergencia que se implementó ya desde enero tuvo fallas de comunicación y en las posibilidades de inscribirse para tener acceso a la prestación. Por esa razón quedaron por fuera seguramente quienes más lo necesitaban y fueron muchas las familias que cobraron en diferido.

Efectivamente, al cierre de las escuelas en marzo, sesenta mil niñas y niños quedaron por fuera de la prestación. Se les entregó en diferido.

En estos momentos, muchas familias anotadas para recibir la prestación siguen sin cobrar, y los maestros y maestras no contamos con información que nos permita guiar a las familias sobre cómo acceder y cómo reclamar.

El pago de los tickets de alimentación es caótico y nos genera angustia porque no hay respuestas.

En estas semanas no se ha avanzado ni en la designación de auxiliares de limpieza que faltan en las escuelas, ni en la de maestras y maestros para atender la división de grupos o para suplantar a docentes que se encuentran en cuarentena. Tampoco hay avances en las mejoras edilicias para la ampliación de espacios.

Hoy nos encontramos en medio del retorno a la presencialidad. Fuera de la decisión de gradualidad, no se han tomado las otras medidas que reclamamos y hubieran permitido un retorno con mayor seguridad e incluso mayor presencialidad.

3. Rendición de Cuentas

En la Ley de Presupuesto del año 2020 se definió un criterio de ajuste salarial que nos hizo perder el 5% de salario, ya que el aumento otorgado en enero de 2020 fue descontado del que se otorgó en enero de 2021.

Esto significa que la inflación acumulada durante todo 2021 se perderá y, según lo establecido en la Ley de Presupuesto, para 2022 se consideraría únicamente la inflación futura.

El reclamo de FUM-TEP es que, por lo menos, no haya rebaja de salario real. Para que esto suceda, deberá determinarse que el ajuste de enero de 2022 incorpore la totalidad de la inflación (IPC) de 2021 más la inflación prevista para 2022 que seguramente será menor que la real. Para ser precisos, podrá considerarse la mínima diferencia entre el ajuste otorgado en 2021 como adecuación que significaría haber otorgado un ridículo 0,21% más el correctivo de la inflación pasada. Pero esto siempre y cuando se acepte el criterio de otorgar la totalidad de la inflación del año 2021. Para atender esto último debería considerarse un correctivo en enero de 2023 que estableciera que se otorgará la diferencia entre la inflación real de 2022 y la otorgada, más la proyectada para 2023.

Esta fórmula será el piso del reclamo salarial para que no haya pérdida en este período y se mantengan cuando menos los incrementos salariales obtenidos en años anteriores.

Además, la Rendición de Cuentas determinará otros aspectos referidos al presupuesto educativo: establecer recursos que permitan avanzar en políticas educativas que favorezcan la universalización de la educación inicial desde los tres años; la ampliación del tiempo pedagógico en los quintiles más bajos; la disminución de la cantidad de niños y niñas por grupo, especialmente en educación inicial y tiempo completo o extendido; mejorar los programas que colaboran con la atención personal a niños y niñas como el de maestros comunitarios o dinamizadores del Plan CEIBAL, los que cobrarán mayor importancia luego de dos años de emergencia sanitaria.

Si solo se quisiera cumplir con las metas educativas establecidas en el mensaje presupuestal de la ANEP en 2020 para Educación Inicial y Primaria, es decir, aumentar del 75,8% al 85% la cobertura de niños y niñas de tres años y llevar del 22% al 40% la de niños y niñas de los quintiles 1 y 2 en tiempo completo, se requeriría un incremento de veinte millones de dólares anuales a partir de 2022.

Un capítulo especial deberá dedicarse a atender la cobertura de auxiliares de servicio en las escuelas. Además de cubrir todas las vacantes ya presupuestadas, será preciso destinar recursos para solucionar la faltante de 457 auxiliares relevados por el cuerpo inspectivo de Educación Inicial y Primaria, considerar la extensión horaria a cuarenta horas de los auxiliares, así como contemplar las horas destinadas a las cooperativas de limpieza que deberán atender situaciones especiales en el país.

La Rendición de Cuentas también deberá contemplar el plan de infraestructura que implicará la ampliación, la reparación y el mantenimiento de locales escolares en forma permanente en todo el país.

FUM-TEP reclama que el presupuesto educativo debe mantener el esfuerzo nacional medido con relación al PBI, lo que significa no bajar del 5,1% que se tenía en 2019 y llegar al 6% como meta.

Todos los países que obtienen logros educativos le destinan una significativa inversión pública a la educación.

En síntesis, para la Rendición de Cuentas reclamamos:

1. Avanzar hacia el 6% de la inversión pública en educación.

2. Ajuste salarial del 100% de la inflación real de 2021 más el índice de inflación prevista para 2022.

3. Incremento de veinte millones de dólares para atender la expansión en educación inicial y tiempo completo.

4. Incremento para la cobertura de 457 auxiliares de servicio faltantes en 2021.

5. Fondo para atender el fortalecimiento y la expansión del Programa Maestros Comunitarios y de los dinamizadores del Plan CEIBAL.

6. Recursos para el plan de obras. Sin duda nos esperan tiempos de organización y de lucha para lograr nuestros propósitos, pero es necesario que esto se dé en el marco de la unidad.

A la Federación Uruguaya de Magisterio la hacemos todas y todos.