Cecilia Cicerchia
Maestra directo de Jardín de Infantes. Montevideo
El 19 de marzo recordamos el natalicio de José Pedro Varela, en estos momentos de angustia e incertidumbre en los que la emergencia sanitaria nos desarma como humanidad, y quiero compartir con ustedes un sentimiento que solamente quien está comprometido con la Educación Pública puede acompañar.
En estos momentos, en los que debieran primar la solidaridad y el respeto por la situación que atraviesa cada persona, es necesario promover la empatía para percibir los sentimientos, los pensamientos, las emociones de los demás, como un ejercicio constructivo que identifique las necesidades de todos, pero especialmente las de los más vulnerables.
En estos momentos, cuando los que ejercen el poder debieran unirse y unirnos para protegernos como compatriotas y asegurar el bienestar de los más débiles facilitando el sustento del tejido social, los uruguayos nos encontramos ante autoridades omisas y ausentes, que permiten y fomentan que cada uno haga lo que pueda o lo que sepa hacer.
Cómo es posible que la autoridad ignore el legado vareliano generando confusión entre la obligatoriedad y el derecho a la educación, utilizando el término “presencialidad” de una forma tan ligera. Obligatoriedad implica la cualidad de obligatorio, está directamente relacionada con el derecho de las personas y la obligación de las autoridades a asegurar que este derecho se ejerza.
Al suspender la obligatoriedad, ¿no se estará abandonando la protección del derecho a la educación? ¿Cómo es posible que se traslade a cada escuela la carga de ejecutar decisiones que no compartimos como comunidad, forzándonos al manejo de temores y angustias de la comunidad educativa, sin brindar ningún tipo de acompañamiento, pretendiendo que creamos que la autogestión es la solución para cubrir las necesidades de cada institución? ¿Cómo es posible que nos dejen sin herramientas para dar respuestas a las necesidades de los alumnos y sus familias? Acompañar no es enviar alcohol en gel y artículos de limpieza. Ganan la impotencia y la tristeza cuando se observa cómo se desestructura la educación pública que se construyó a lo largo de la historia.
Sin duda, hay una desvalorización del trabajo docente, de la gestión que cada centro educativo diseñó para esperar al alumnado. Sin duda, hay un desconocimiento de lo que pasa en las escuelas, se ignora cuál y cuánto es el trabajo del personal docente y no docente. Cada institución ha elaborado y ensamblado un dispositivo adecuado a las necesidades emergentes, sin que las autoridades de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria se preocuparan o se acercaran para cooperar en la búsqueda individualizada de soluciones para cada centro educativo.
Sin embargo, el enojo no se basa únicamente en la indiferencia y en el desconocimiento respecto a las necesidades de cada comunidad educativa, también indigna que las voces de quienes están en contacto directo con la gente no sean escuchadas, lastima el discurso fácil sobre la obligatoriedad sin tener en cuenta que al ignorar los principios de la Escuela Pública Uruguaya, se desconocen los valores de igualdad, equidad y libertad.
La obligatoriedad de asistir a la escuela asegura el ejercicio del derecho a la educación. ¿Cómo no sentirse impotente frente a decisiones que nos empujan hacia la ignorancia causando los peores males sociales? Estamos obligados a asumir y enfrentar resoluciones que no benefician a la escuela ni a la población.
Se desconoce la Constitución al ignorar los artículos que consagran el derecho y la obligatoriedad de asistir a la escuela, y por favor que no se nos quiera confundir con el juego de palabras “obligatoriedad”, “presencialidad”, porque la escuela es obligatoria y asistir a ella también lo es.
Si la situación provocada por la COVID-19 no hace posible la asistencia a la institución, es el Estado el que debe garantizar que la educación llegue a cada niño y a cada adolescente. Es un derecho y es una obligación exigir líneas de acción claras que prioricen a la población como lo que somos... seres humanos golpeados por una pandemia. Necesitamos un gobierno que se juegue tomando decisiones responsables, éticas y moralmente correctas que nos prioricen, y deje de accionar medidas económicas que esconden fines netamente monetarios. No son admisibles las propuestas generadas por el actual sistema, que aumentan la injusta brecha entre los uruguayos. Necesitamos medidas sanitarias ajustadas a los valores de los que alardeamos desde el siglo XIX. O vamos todos a la cuarentena o regresamos a la obligatoriedad en todos sus términos en espacios ajustados al protocolo, con el número adecuado de alumnos por clase y con la cantidad de docentes necesarios en las instituciones. El destrozo que está ocasionando la falta de inversión en educación no lo soluciona ni una vacuna ni la vacunación. Lo mínimo que merecemos maestros, profesores, auxiliares y todos los trabajadores de la educación es respeto.
