En 1945, un grupo de maestros de todo el país, convencidos de la importancia de la unidad, se nuclearon formando la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), hoy FUM-TEP. En el acta fundacional dejaron expresamente escrito que en el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal de entonces debía estar representado el cuerpo docente. No deliraban, sabían claramente que la presencia de profesionales de la educación, es decir, docentes, era imprescindible. Algunos de los firmantes fueron los maestros Julio Castro y Miguel Soler, este último testigo viviente de aquella propuesta. También conformaron aquel grupo precursor los docentes mercedarios Diver Razquin y Gregorio Santellán.

Pasaron varias décadas, cientos y miles de maestros reclamaron la presencia en los organismos de decisión de la educación pública uruguaya. Fueron necesarios precisamente sesenta y cinco años de incansable lucha, para que los docentes, maestros y profesores, pudieran concretar aquella demanda histórica.

A partir de 2005, el sindicato FUM-TEP junto con los sindicatos de profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) y de UTU (AFUTU) comenzamos un proceso de cambio facilitado por el gobierno del momento. El Ministerio de Educación y Cultura formó una Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE) con técnicos de la educación pública y privada, de los partidos políticos, universitarios y delegados de los sindicatos de la educación. Fue un proceso de discusión amplia y abierta, del cual tuve la oportunidad participar integrando la CODE. Durante los largos meses en que funcionó se le fue consultando a la sociedad civil y escuchando todas las voces.

No fue un camino fácil, hubo debate y momentos tensos, en especial en el Congreso Nacional de Educación, donde se expresaron las distintas posiciones. Luego de esa amplia participación de todos los involucrados en la educación pública, el gobierno redactó la Ley Nº 18.437 Ley General de Educación. En los artículos 58 y 65 de esa ley se estableció claramente que el CODICEN, órgano colegiado que conduce la educación, estaría integrado por cinco miembros, tres serían designados por el Poder Ejecutivo y necesitarían la venia del Senado, los dos restantes debían ser electos por sus pares en elecciones organizadas por la Corte Electoral. El mismo procedimiento democrático y participativo se estableció para los Consejos de Educación Inicial y Primaria, de Educación Media Básica y de Educación Técnico-Profesional (UTU). Esos consejos tendrían dos miembros (director general y consejero) designados por el CODICEN y serían completados por un miembro electo por el cuerpo docente de cada consejo. Ese logro histórico se concretó en febrero del año 2010 mediante elecciones obligatorias, universales y secretas a través de listas presentadas por todos aquellos docentes interesados en representar a los docentes.

El 7 de mayo de 2010, junto con otros valiosos docentes que fueron electos para los Consejos de Educación Inicial y Primaria, Educación Media Básica y UTU, tuve el honor de ser la primera maestra electa en asumir un cargo de consejera en el CODICEN. En 2016, nuevamente hubo elecciones y se produjo el recambio de acuerdo a la decisión que libremente tomaron todos los docentes del país.

El 4 de febrero de este año fue el último día en que los docentes tuvimos representantes electos en el gobierno de la educación. La Ley de Urgente Consideración (LUC), votada por este gobierno, barrió nuestras conquistas y derechos, los consejos pasarán a ser direcciones unipersonales nombradas por el CODICEN. Este gobierno y sus aliados desconocen no solo la lucha de los docentes, sino también su capacidad técnica y su profesionalidad.

Por este motivo estamos recogiendo firmas con el PIT-CNT para derogar 135 artículos que perjudican a los trabajadores.

Como ya se señala en el título, reafirmamos que la LUC implica un paso atrás para la Educación Pública uruguaya.