A lo largo de estos últimos quince años, el presupuesto educativo se ha ido incrementando de manera sostenida e ininterrumpida en el entorno del 180% en términos reales, pasando de una asignación de recursos públicos que en el año 2004 representaban 3,15% en términos del producto a 5,14% en 2018, de acuerdo a la última Rendición de Cuentas.

La Educación registra el mayor gasto público social del país, que llegó a rondar el 20% del gasto total. Los recursos presupuestales destinados a la Educación han sido, sin duda, prioridad durante los tres gobiernos anteriores.

En buena medida, alineados con las reivindicaciones de los sindicatos de la Educación que reclamaban destinar al menos el 4,5% del Producto Bruto Interno a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar). De hecho, entre 2015 y 2020, a la Educación se le destinaron un poco más de la mitad de los recursos incrementales totales asignados en la Ley de Presupuesto (y las sucesivas Rendiciones de Cuentas) y más del 40% directamente a la ANEP.

Desde sus orígenes, la Educación Pública en Uruguay ha jugado un papel trascendente en la conformación de ciudadanía y en el desarrollo histórico del país. Debemos reconocer que todo proyecto económico, social y político, y en consecuencia todo proyecto educativo, se encuentran fuertemente ligados a intereses de clase de quienes los formulan. Es en ese sentido que desde el PIT-CNT, los trabajadores organizados apuntan a un proyecto de país y, en consecuencia, a un proyecto educativo que tiene como centralidad a las personas y el desarrollo integral de las mismas.

«Nuestro proyecto educativo apunta a la formación del ser humano en sus dimensiones sociales, políticas y culturales, brindándoles herramientas que les permitan convertirse en sujetos históricos de los cambios, capaces de comprender y valorar el trabajo como una actividad humana y colectiva al servicio de todos los seres humanos, y con la capacidad de discernir los procesos históricos y las condiciones materiales en los que se desarrollan.

No queremos una educación que reproduzca las desigualdades sociales ni que prepare a los jóvenes para ser simplemente un engranaje más en la economía de mercado, por el contrario luchamos por una educación liberadora e integral que convierta seres humanos en personas con capacidad de insertarse activamente en la sociedad en que viven, con una visión superadora de las actuales condiciones existentes.

Tal tarea debe ser asumida por la clase trabajadora con la finalidad de trasladar al conjunto de la sociedad su visión transformadora del mundo y una concepción que tienda a elaborar rupturas con la lógica deshumanizadora e individualista del capital, y que implique difundir una educación signada por principios humanitarios, éticos, y solidarios.»

La educación es un derecho humano inalienable, por tanto es deber del Estado garantizar educación pública estatal a todos los habitantes del país a lo largo de toda la vida. Nos oponemos a todo intento de orientar la educación pública hacia conceptos y prácticas del mercantilismo, así como a toda forma de privatización.

En consonancia, en el marco de la negociación colectiva logramos que se incrementaran notoriamente los recursos destinados a la Educación sobre el total del gasto público y se llevaran a cabo significativas mejoras en las retribuciones de los trabajadores. A modo de ejemplo, un maestro de 20 horas grado 1 recibe hoy, en términos reales, más del doble que en 2004, y los auxiliares de servicio tanto para la tarea de limpieza como para comedores aumentaron sensiblemente en su cantidad, regularización y salarios que incrementaron en dos veces y media su poder de compra.

Los recursos asignados a remuneraciones permitieron contratar más docentes para expandir la oferta educativa, lo que coincidió con un aumento de la infraestructura para tal fin, con nuevos centros en todo el país, en particular en el caso de la Udelar. Esos esfuerzos propiciaron condiciones para incorporar a más estudiantes al sistema educativo. La matrícula de educación inicial aumentó notoriamente, al igual que la de secundaría, pese a que disminuyó la población en edad de asistir a ese último ciclo.

Hoy, a pocas semanas de un nuevo Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, bajo un escenario político signado por una Ley de Urgente Consideración que reduce fuertemente las autonomías en la Educación y recorta el papel del Estado, y con lineamientos salariales inciertos para los funcionarios públicos, que conspiran negativamente con el compromiso asumido por el gobierno de coalición de al menos mantener el poder de compra de los salarios, asistimos con enorme preocupación a un posible recorte en los recursos destinados a la Educación Pública. El debate que se ha instalado en las últimas horas sobre los comedores escolares requiere de una especial atención del gremio, en tanto que la alimentación escolar y su financiamiento a través del impuesto no pueden tener recortes que luego hagan imposible cumplir con las responsabilidades alimenticias de los cerca de doscientos cincuenta mil niños que se alimentan en las escuelas públicas del país.

Las demandas de los trabajadores vinculados a la Educación reclaman continuar la trayectoria de crecimiento de los salarios y mejoras en las condiciones. De mayor inversión y sobre todo mayores recursos destinados a la investigación y al desarrollo, que tanto han demostrado su relevancia en el transcurso de la pandemia.

Aún son necesarios mayores esfuerzos para alcanzar niveles de recursos similares a los que destinan los países desarrollados. Las perspectivas son desalentadoras, pero los trabajadores organizados estamos preparados para defender lo conquistado y seguir avanzando en la defensa de mejor presupuesto para la Educación.

Continuaremos reclamando que el presupuesto de la Educación cubra la totalidad de las necesidades de la ANEP y la Udelar, y que no puede ser menor al 6% del PBI, bandera que debemos mantener en alto para que la Educación llegue a todos independientemente del origen de nuestros niños, niñas y jóvenes, y genere las mejores condiciones para aquellos de contextos socioculturales críticos.

Los cambios en el mundo del trabajo nos invitan a pensar con cabeza abierta que buena parte de los empleos que se generen en el país van a requerir mayores niveles de educación formal, formación profesional y educación terciaria, que posibiliten a nuestra gente estar en condiciones de contar con una educación integral y al mismo tiempo poder comprender en profundidad los cambios mencionados.

Porque el debate sobre Educación supone un cambio social, y para ello estamos los trabajadores organizados para transformar la realidad buscando un mundo mejor para todas y todos.