Mónica Gamarra
Maestra.
Integrante de la RED de Trabajadoras de la Educación de América Latina
Este evento se realizó los días 25, 26 y 27 de julio en la ciudad de San José de Costa Rica. Contó con espacios de análisis de coyuntura política de cada país y de situación en cuanto a derechos de las mujeres e igualdad de género, talleres e intercambio entre compañeras de América Latina. Este encuentro forma parte de la dinámica de la RED y es el segundo luego de que se retomaran los espacios presenciales tras la pandemia que nos azotó. Constituye una herramienta esencial para el análisis político de la región y la defensa de la educación pública, desde una mirada sindical y de género.
El primer día inició con una exposición acerca del C190 – Convenio sobre la violencia y el acoso, adoptado por la OIT en agosto de 2019. La Internacional de la Educación para América Latina promueve, a través de una campaña, la ratificación de este convenio en todos los países de la región, instancia que se torna más relevante que nunca para brindar herramientas a los trabajadores y trabajadoras para luchar contra las prácticas de violencia, discriminación y acoso en el mundo laboral.
En el Artículo 1 del mencionado convenio se define:
«...a) la expresión “violencia y acoso” en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género...»1
Una de las particularidades de la normativa es que no solamente aplica a personas asalariadas, sino a todas las personas que trabajan, incluso personas en procesos formativos como pasantes o aprendices, personas trabajadoras despedidas, voluntarias, personas en busca de empleo, postulantes a un trabajo y a todos los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de empleador o empleadora.
Siete países de la región han aprobado el documento, los demás caminan a distintos ritmos y enfrentan presiones de diversos sectores en la lucha por un mundo laboral más equitativo. Uruguay fue el primer país en el mundo en ratificar el documento en el año 2019, y en diciembre del mismo año se aprobó como Ley Nº 19.8492
. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha optado por proponer una ley regulatoria del Convenio, lo que es contrario a la práctica nacional en cuanto a que los convenios internacionales de trabajo que son ratificados, en algunos casos sean luego reglamentados a través de decretos, y no a través de leyes. El texto del proyecto podría explicar el cambio en la práctica, ya que la norma propuesta se aparta de la visión garantista y amplia que propone el convenio en la medida en que en el texto ni siquiera figura la violencia por razón de género.
La propuesta limita su aplicación a un grupo reducido de personas, específicamente a los trabajadores en relación de dependencia, lo cual deja por fuera a los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo.
Este proyecto se aleja de la promoción y de la erradicación de la violencia en el mundo del trabajo y se pierde así la oportunidad de tener una mirada integral sobre el tema. Por esta razón, desde el PIT-CNT se insta al gobierno a la revisión completa de la norma proyectada, y a la búsqueda de una reglamentación en sintonía con el Convenio 190 y la Recomendación 2063
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Otro de los espacios en los que participamos fue el taller “La opinión pública también es nuestra: comunicación para mujeres sindicalistas”, enfocado en brindar a las participantes del encuentro herramientas básicas de comunicación que les permitan posicionar sus temas y agendas tanto dentro como fuera de sus organizaciones, y generar una reflexión sobre la necesidad de visibilizar el trabajo de las mujeres en los sindicatos.
También se realizó una exposición a cargo del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE), relacionada con la campaña “¡POR LA PÚBLICA! CREAMOS ESCUELA” que lleva adelante la Internacional de la Educación, que se opone a la privatización de la educación y al comercio educativo, buscando exigir mayor financiamiento estatal para la educación pública. Allí se expuso el avance de la agenda regional antiderechos, favorable al liberalismo económico y al conservadurismo social.
Desde la Internacional de la Educación se promueve un Estado laico que garantice la libertad de culto a todas las personas, independientemente de la religión o fe que profesen. El Estado debe resguardar el carácter laico en el sector educativo, de forma que todas las prácticas religiosas se consideren igualmente válidas.
En diferentes países de la región se observa una disputa entre los movimientos religiosos y las políticas públicas que protegen y amplían derechos humanos, incluida la política educativa con perspectiva de género, diversidad y educación sexual integral.
Las personas tienen derecho al ejercicio de su fe y de sus prácticas religiosas, sin ser instrumentalizadas por actores o grupos que buscan movilizar recursos económicos, ganar cuotas de poder político o institucional; por ello es clave continuar defendiendo y exigiendo el Estado laico.
En este escenario, el movimiento sindical debe promover el acceso a la información y el análisis crítico, y defender una agenda de derechos humanos amplia y relevante que responda a la diversidad de la población.
Mónica Gamarra Integrante
de la RED de Trabajadoras
de la Educación de América Latina
