En la historia de América Latina podemos reconocer una línea histórica en la cual aparece la reivindicación sistemática de identidades vinculadas a la región geográfica que se habita y a la dimensión cultural con la que nos identificamos en el continente o en los diversos países del inmenso territorio que habitamos.
En América Latina se comparte además un estado de “reivindicación civil permanente” desde el mismo momento en que el continente y por ende los actuales Estados nación fueron conquistados por los imperios español y portugués.
Estado reivindicativo que busca en primer lugar el reconocimiento al profundo y milenario desarrollo cultural preexistente a la conquista europea. Que reclama el reconocimiento de libertades individuales y colectivas con la práctica de procesos democráticos participativos y sustentables y que exige –por sobre todo– justicia social y económica para toda la población.
Esta línea de reivindicaciones atravesada por avances y retrocesos marca la historia de todo el continente, y como impronta de indudable importancia debería reflejarse consecuentemente en los objetivos, los contenidos y la planificación pedagógica de los países de la región, tanto en su política pública nacional como regional y local.
Sorprendentemente no han sido estos aspectos las metas educativas prioritarias, lo cual ha provocado un quiebre entre el sistema educativo formal y la realidad político-social y económico-cultural al igual que con las demandas de las comunidades, de las regiones y de amplios sectores y grupos de la sociedad civil.
En contraposición a ello, las prácticas y experiencias en educación no formal asumieron las problemáticas de la realidad y la necesidad de aprendizajes vinculados a las circunstancias históricas latinoamericanas y a la sostenida, múltiple y creciente violencia que caracteriza la región.
 
En realidad, es la convocatoria desde gran número de organizaciones, fundaciones, asociaciones, grupos de interés y corporaciones, la que reúne a los numerosos actores del proceso de aprendizaje para reflexionar sobre temas de actualidad, organizar actividades observando el medio circundante y desarrollar capacidades, habilidades y aptitudes que claramente promuevan principios democráticos, construcción de ciudadanía, reconocimiento de derechos y participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
Desde una perspectiva pedagógica, estos procesos no formales deberían interpretarse como programas educativos para intentar construir una realidad menos violenta, abordar la resolución de conflictos por nuevos medios y promover una Cultura de Paz, así como generalizar el aprendizaje de estrategias para superar las múltiples violencias en todas sus formas e inclusive la existencia de conflictos armados que se han sucedido en la región.
Es verdad que el rol de la educación y del sistema formal es el de reproductor, desarrollado mediante contenidos específicos (diseño curricular), en espacios acotados (escuelas, colegios, universidades) y en un tiempo limitado (tiempo áulico). Se despliegan así aquellos “saberes” que una sociedad específica, en un momento histórico determinado, considera fundamentales y decisivos para su construcción como nación y como Estado político. Esto sucede en todas las regiones del mundo: desde Cuba a Japón, desde EE. UU. a Australia, desde Colombia a Noruega, y constituye “la razón de ser” del sistema formal a partir de sus orígenes en la lejana Babilonia –la primera civilización que organizó un sistema con estos objetivos conservadores y características reproductoras–.
Pero la educación tiene también un rol transformador y debe promover pensamiento independiente, juicio crítico y metodología participativa en el proceso de aprendizaje, concientización acerca de los contextos ideológicos, culturales, sociales y económicos en que nos desarrollamos como personas –como sujetos políticos y sujetos de derechos–.
Rol transformador que permite construirnos en ciudadanos activos de un mundo complejo donde somos habitantes de una región específica, de un país, de una cultura, pero al mismo tiempo somos ciudadanos conectados en un sistema mundial cada vez más interrelacionado que necesita de todos los habitantes del planeta y de la práctica de la solidaridad entre ellos.
El rol transformador de la educación es el que corresponde a la Educación para la Paz, donde el respeto a la dignidad de las personas y a su esencia como sujetos de derechos se coloca en el centro de los contenidos, de las investigaciones, de las prácticas de aprendizaje, de la metodología de enseñanza y de las estrategias pedagógicas al planificar un abordaje didáctico.
En realidad, la Educación para la Paz propone en primer lugar la reflexión y el aprendizaje de la resolución de conflictos por vía pacífica y su transformación operativa mediante técnicas no violentas, las que posibilitarían el camino hacia sociedades en las que los conflictos y problemas se aprendan a discutir, resolver, transformar desde los sistemas educativos formal, no formal e informal.
La Educación para la Paz es también constructora de ciudadanía mediante métodos participativos de enseñanza; análisis de la realidad; reflexión crítica sobre diferentes temas y problemas; conocimientos de derechos y aprendizaje de valores vinculados al respeto a la dignidad humana, la diversidad, las diferentes culturas y la justicia social; y al mismo tiempo promueve una progresiva democratización del sistema educativo.

Hoy, la Educación para la Paz en América Latina significa un desafío pedagógico sin precedentes, ya que se trata de iniciar inmediatamente dos procesos urgentes y necesarios.
a)    Deconstruir la cultura de violencia imperante –desde la violencia directa armada a todas las manifestaciones de violencia en el ámbito doméstico, interpersonal, escolar, comunitario, urbano, rural, institucional y nacional–.
b)    Construir claros procesos, vías, herramientas de Cultura de Paz –recogiendo las innumerables experiencias, tradiciones, “usos y costumbres” existentes en las comunidades rurales, en las diferentes regiones del país y en los diversos grupos étnico-culturales–.

 
Al mismo tiempo implica investigar, cuantificar y cualificar las experiencias desarrolladas por la educación no formal, ejecutadas en muchos países y regiones mediante acertadas políticas públicas de gobiernos locales y comunales, corporaciones, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a temas vinculados a la paz, a los derechos humanos, al diálogo intercultural y a la resolución de conflictos por vía pacífica.
Y, por sobre todo, construir una Cultura de Paz basada fundamentalmente en las regiones, en los diversos territorios muy diferenciados entre sí que tienen los países latinoamericanos, recogiendo el histórico trabajo de todos los actores sociales comprometidos en el proceso educativo a lo largo de años de violencias y enfrentamientos donde en forma paralela estos actores ignorados y desconocidos por la historia oficial construyeron vida, esperanza, solidaridad y un futuro diferente a la cruenta realidad cotidiana que los rodeaba y los encadenaba a un destino de agravio y violación sistemática de derechos.
Hoy se habla de paz territorial, concepto que debería profundizarse en la realidad latinoamericana.

Me atrevo a proponer aquí y comenzar a reflexionar –unido al concepto de paz territorial– el desarrollo del concepto de pedagogía territorial, la que debería repensar la educación para una construcción de Cultura de Paz:
a)    Desde un cuerpo de conocimientos comunes, quizás cuasi obligatorios, tales como la constitución de país; los acuerdos y pactos nacionales e internacionales que avalan deberes y libertades de los seres humanos y de los habitantes; las declaraciones universales, documentos que justifican sus demandas; realidades culturales y socio-económicas regionales; diversidad humana y biológica del país; problemas y temas esenciales de la realidad, etcétera.
b)    Desde un cuerpo de valores compartidos que prioricen la dignidad y la equidad de todas y todos quienes habiten la región así como la defensa de los recursos naturales nacionales.
c)    Desde un cuerpo de conocimientos, habilidades, aptitudes y capacidades para promover la resolución de conflictos por vía pacífica, construidos colectivamente por todos los actores sociales en cada país y territorio.

Es lo que denominamos Construcción social del currículo con una perspectiva participativa democrática asociada a la territorialidad y a la diversidad que presenta América Latina.

 

En América Latina, la Educación para la Paz implica una alternativa para la democratización del sistema educativo y señala también múltiples caminos de empoderamiento social y político, así como el aprendizaje de lógicas estrategias de transformación de la realidad.
Su tarea pedagógica debe obligatoriamente realizar un análisis integral de las raíces de la histórica violencia estructural, directa y cultural existente, haciendo visibles características, formas y consecuencias para llegar a posibilitar reflexión crítica y acciones concretas a nivel individual y colectivo, que generen cambios posibles y necesarios en la actualidad de la región.
Este empoderamiento social y político es histórico y contextualmente variable. No sabemos con anticipación cuán lejos podemos ir en esta trayectoria hoy, pero SÍ sabemos que debe darse ya. Que es urgente y que es necesario.
He aquí el gran desafío pedagógico de los próximos años y de nuestra tarea docente en el campo de Educación para la Paz.
Atrevámonos a enfrentarlo.