El 22 de setiembre se celebró un nuevo día del maestro y la maestra. Una celebración que ya tiene más de ochenta años en el Uruguay.

Este año 2020 encuentra al magisterio en una situación muy particular. Pandemia, LUC y presupuesto condicionan este día como nunca. Las maestras y los maestros, especialmente en la escuela pública, han tenido un año de mucho esfuerzo, atendiendo situaciones muy diferentes y en distintos frentes. Quizás sea un buen día para ofrecerles un aplauso de la sociedad uruguaya.

En las últimas semanas he tenido la oportunidad de hablar y de escuchar a muchas maestras y maestros. La crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID-19 ha obligado a los colegas a realizar esfuerzos extraordinarios. Al comienzo, cuando las escuelas se encontraban cerradas, para sostener el vínculo con niñas y niños, y desarrollar estrategias de diversa índole para mantener las prácticas de enseñanza, la existencia del plan CEIBAL, que permite que todos los niños y niñas de la escuela pública cuenten con dispositivos electrónicos y que en los últimos años desarrolló plataformas educativas, constituyó un apoyo invalorable, incluso para aquellos que eran más renuentes a su utilización. La ampliación de la conectividad lograda por ANTEL en los últimos años también fue un aliado clave. Lamentablemente no se logró que durante todos los meses y en todas las compañías el acceso a Internet fuera sin costo, lo que hubiera permitido mayor equidad en su uso.

Sin embargo, esto no fue suficiente, y las brechas y diferencias originadas en el campo social se manifestaron y se manifiestan de manera negativa. Hogares sin acceso a Internet, con varios de sus integrantes desocupados, sin ingresos o en el seguro de paro, familias que jerarquizaron el cuidado en el hogar, pero no su vínculo con la escuela, familias que tuvieron que mudarse, son algunas de las realidades que las maestras y los maestros fueron detectando e impactaron en su tarea cotidiana.

La ausencia de contacto presencial con alumnos y alumnas en un principio y luego la disminución del tiempo de clase fueron y son un factor que desafía las prácticas de enseñanza. Grupos divididos con alumnos o alumnas que concurren en forma intermitente, algunos de ellos desvinculados, sin herramientas reales o simbólicas para atraerlos a la escuela debido a la “voluntariedad” de la concurrencia a clase, tornan compleja la tarea de las maestras y los maestros que tienen que combinar propuestas presenciales con otras virtuales para atender la diversidad, ahora más que nunca.

La preocupación más generalizada es cómo mantener la escolarización de niñas y niños, y lograr aprendizajes de calidad. La posibilidad de un trabajo más individualizado, en grupos más pequeños, ha sido un factor que algunos maestros y maestras han aprovecha- do al máximo. Pero cuando el niño o la niña no van a la escuela, eso no es posible. A la tarea de los maestros comunitarios que visitan hogares y trabajan con niños, niñas y sus familias, se sumó la tarea de directores, así como de maestras y maestros de clase que han recorrido los barrios y visitado hogares para revincular alumnos y alumnas a la escuela.

El anuncio, luego relativizado, del procedimiento a seguir para la evaluación de los niños y las niñas a fin de año, fue visto como algo inoportuno que en algunos lugares significó enlentecer o retraer el proceso de revinculación escolar que las escuelas venían logrando. Además, como me dijo una maestra en Cerro Norte, “primero nos deberían haber consultado a nosotras”.

Antes de tomar esta decisión, las escuelas necesitan que la concurrencia de los niños y las niñas deje de ser voluntaria. Que la forma que cada escuela disponga para mantener su práctica de enseñanza sea obligatoria, como es la educación desde José Pedro Varela hasta la fecha. La voluntariedad es un obstáculo para el trabajo de las escuelas.

La insuficiencia en las medidas adoptadas por el go  bierno para atender las necesidades sociales surgidas de la emergencia sanitaria, hacen prever consecuencias muy negativas para los sectores más humildes de nuestra sociedad, especialmente para la niñez, siempre la más afectada y con menor capacidad de reclamo y de presión. Las crisis sociales y económicas, lo hemos vivido en diversas ocasiones, impactan de manera determinante en la escuela y los aprendizajes de niños y niñas. La política del gobierno, expresada especialmente en el proyecto de Ley de Presupuesto, es atender prioritariamente los aspectos fiscales y favorecer al “sector privado” para que este haga crecer la economía. Luego esas mejorías derramarían en toda la sociedad. Un discurso conocido y nunca hecho realidad.

Si no se atienden las necesidades sociales, los efectos serán negativos para la mayor parte de la sociedad, y la pobreza, medida como se quiera, aumentará, siempre en mayor proporción en la niñez, junto con el desempleo, el trabajo precario y la disminución del poder de compra de los salarios. Para esto se requiere un Estado fuerte, capaz de atender las necesidades sociales para reducir las desigualdades.

Entre las funciones del Estado que se deben fortalecer se encuentra la educación pública. Las políticas desarrolladas en años anteriores son las que permitirán amortiguar la política del gobierno. Las ciento treinta y siete obras en curso y las políticas de acompañamiento a través del Sistema de Trayectorias Protegidas para toda la ANEP, así como el Programa Maestros Comunitarios, las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido que abarcan el 20% de la matrícula, la expansión de la educación inicial en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, son algunas de las políticas que contribuirán a atender las situaciones surgidas de la crisis.

Pero la preocupación se encuentra en la medida en que estas políticas no solo no sean desarrolladas, sino que se vean afectadas por la reducción del gasto, impactando así la calidad de la educación pública.

Para lograr mantener y mejorar los aprendizajes será clave profundizar las políticas de personalización. Por ello es imperioso mantener las políticas de acompañamiento señaladas, así como el tamaño de los grupos y de los centros educativos, que en estos años ha disminuido de manera favorable.

Sin embargo, lo que se expresa en el Proyecto de Ley de Presupuesto, además de una reducción del salario real de los docentes y no docentes, es la “optimización” del gasto en educación. Según los estudios del Instituto Cuesta Duarte del PIT CNT, si esta tendencia se mantiene, al final del período la inversión educativa se reducirá del 5.1% de 2019 al 4.5% del PBI. Es decir, que cuando más se lo necesita, el esfuerzo del Estado se reduce.

Las perspectivas indican que la crisis impactará a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, especialmente a la niñez. En un país que cuenta con una escuela pública en todo el territorio nacional, que en los últimos años ha logrado extender su acceso desde los tres años, que ha aumentado la oferta en tiempo escolar, la diversidad de propuestas y la mejora de la calidad en general, debemos apoyarla junto a las maestras y los maestros que ejercen su labor.

Jerarquizar la función docente a través del salario, de su consideración profesional, en el otorgamiento del carácter universitario de su formación, en el desarrollo de una formación permanente, en mejorar sus condiciones de trabajo es una forma de atender a la niñez, especial  mente a su derecho a la educación.

Maestro Luis Garibaldi