El Parlamento ya aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC) que incluye un capítulo sobre Educación que básicamente reforma en aspectos sustanciales la Ley General de Educación vigente.
Estos cambios constituyen la tercera configuración normativa de la educación desde la recuperación democrática. Pero de las tres, esta es la que se ha producido con el menor debate y con menores acuerdos políticos y sociales.
Los cambios incluidos en la LUC son de difícil traducción en mejoras en la calidad de la educación y en el necesario proceso de democratización del conocimiento. 
Más bien, se vislumbran confrontaciones dada la oposición recibida por parte de los actores docentes, estudiantiles e incluso de instituciones de gran peso académico y social como la Udelar. Por otra parte, no se augura una larga vida a varias de estas modificaciones por su inconveniencia y hasta por su dudosa constitucionalidad.
Recordemos brevemente los dos antecedentes. El primero de ellos fue la Ley Nº 15.739 del 8 de marzo de 1985, surgida de la Concertación Nacional Programática (CONAPRO) que se instalara aún antes de las elecciones nacionales, el 4 de setiembre de 1984. Este ámbito reunió a representantes de los cuatro partidos políticos que 
funcionaban en la Interpartidaria y a las organizaciones sociales que lo hacían en la Intersocial.
En medio de las incertidumbres de la salida democrática y de la disputa electoral, partidos políticos y organizaciones sociales discutieron una nueva ley de educación que al aprobarse se conoció como Ley de Emergencia.
El debate de esta ley contó con la activa participación de todos los partidos políticos y los sindicatos de la enseñanza. Uno de los temas en discordia fue la derogación explícita de la Ley Nº 14.101, “ley Sanguinetti”, de enero de 1973, que le permitió a la dictadura gobernar la educación durante todo el período. Finalmente, esto se plasmó en el acuerdo, aunque persistió la existencia de un solo ente autónomo cambiando su nombre y, parcialmente, sus competencias.
Otro tema de discusión fue la forma de designación de autoridades de ese ente. Si bien se acordó sobre las condiciones que debían tener quienes integraran ese órgano directivo, no se llegó a un acuerdo sobre la forma definitiva de designación de integrantes del CODICEN, ya que los sindicatos y el Frente Amplio defendían la integración 
de docentes electos por docentes como había ocurrido durante años en el Consejo de Educación Secundaria y en el de UTU. El acuerdo llegó con el nombramiento de los integrantes de ese primer CODICEN por única vez.
Es de destacar el gesto democrático e institucionalista de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) que, al no compartir los criterios de designación y varios de los nombres propuestos, optó por abstenerse en la votación para no impedir que el acuerdo se plasmara y se votara la Ley de Emergencia, facilitando así la salida democrática en la enseñanza.
Es decir, aun en momentos de urgencia democrática, la ley de educación se discutió con amplia participación durante seis meses.
Claro que la emergencia duró veinte años, solo interrumpida por la aprobación de la Ley Nº 16.115 que definiera el procedimiento de designación de integrantes del CODICEN, con votos blancos y colorados, en julio 
de 1990.

En 2005, el Frente Amplio asumió el gobierno nacional y uno de sus postulados programáticos fue la modificación de la Ley de Emergencia y la elaboración de una nueva Ley General de Educación.

Esta tarea, en la que personalmente me vi fuertemente involucrado, no se llevó a cabo a través de un grupo de especialistas o de un acuerdo político partidario. Se propuso realizar, previo a su elaboración, un amplio debate educativo que recogiera la opinión y aportes de la mayor cantidad posible de personas y organizaciones de la vida política, social, académica y cultural del país.

De esta forma se constituyó la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE) con representación de todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y los entes de la educación. Esta comisión se instaló el 15 de diciembre de 2005. El debate se desarrolló durante 2006 y culminó en el primer Congreso Nacional de Educación “Julio Castro”, que funcionó desde el 29 de noviembre al 3 de diciembre de ese año.

Durante 2006 se realizaron setecientas trece asambleas territoriales en ciento setenta y una localidades, además de Montevideo, con la participación de diecinueve mil setenta personas. También se llevaron a cabo treinta y dos encuentros sectoriales en los que participaron ciento cincuenta y siete organizaciones de todo el país y se recibieron cuatrocientos veinte documentos.

Todos los aportes fueron procesados y publicados previo al Congreso, organizados en quince capítulos temáticos que dieron origen a las comisiones del Congreso en el que participaron más de mil doscientas personas.

El informe final de la CODE les fue entregado en abril de 2007 a las autoridades educativas, al Parlamento nacional y fue difundido ampliamente.

Con este antecedente se procedió a la elaboración del proyecto de Ley General de Educación que el MEC presentara a los partidos políticos el 20 de mayo de 2008 e ingresó a consideración del Parlamento el 2 de junio.

Esto último desmiente lo que dijeran el presidente de la República y el secretario de la Presidencia al señalar que era inédito que el Poder Ejecutivo le hiciera llegar a los partidos políticos el texto de una ley antes de su entrada al Parlamento. El proyecto de Ley de Educación fue enviado a los partidos políticos veinte días antes de ingresar al Parlamento.

El proyecto tuvo ciento noventa y un días de tratamiento parlamentario y contó con intensos debates y negociaciones, especialmente en la interna del Frente Amplio, pero también se tuvieron en cuenta aportes de otros partidos, así como de los organismos de la educación pública y sus autoridades, antes de aprobarse en diciembre de 2008.

Sin duda que, en el proceso de debate, en el congreso, en la elaboración de la ley, en su discusión parlamentaria, el proyecto de ley mereció acalorados debates y desacuerdos. Sin embargo, todos tuvieron espacio y tiempo para discutir, y decenas de aportes surgidos de ese proceso fueron incorporados a la ley.

Por otra parte, cabe señalar que en 2011 y 2012 se introdujeron cambios acordados por los partidos políticos en relación con el voto doble del presidente del CODICEN y sobre la integración del Consejo Directivo del INEEd.

El tiempo ha ido dándole mayor dimensión y valor a la ley que en diferentes ámbitos ha sido rescatada por diversas razones como la definición como un derecho humano a la educación de calidad de todos sus habitantes a lo largo de toda la vida; las definiciones, fines y orientaciones generales de la educación; la creación del Sistema Nacional de Educación Pública y de nuevas instituciones terciarias públicas; el carácter universitario de la formación en educación; la integración de la primera infancia, la educación no formal y la educación policial y militar en el sistema educativo; o la creación del Instituto Nacional de Evaluación, entre otros aspectos.

El capítulo de Educación del proyecto de la LUC, que contiene setenta y nueve artículos, modifica la gobernanza de la educación y varias de sus estructuras organizativas; elimina el Sistema Nacional de Educación Pública y restringe la participación docente, estudiantil y ciudadana en todos los niveles; amplía la incidencia de la educación privada en la elaboración de políticas educativas y permite la transferencia de recursos del Estado hacia ella.

A su vez, modifica la relación entre el MEC y la ANEP, y de esta con los llamados “subsistemas”; facilita la desregulación de las condiciones de trabajo de docentes y no docentes, y favorece la fragmentación del sistema educativo. No es poco para ser aprobado sin discusión previa, con tiempos acotados, con sindicatos y organizaciones sociales opuestas, con tapabocas y sin otra mayoría que la que sustenta al propio gobierno.

La coalición de gobierno ha optado por hacer de la educación una política de gobierno y no una política de Estado. Busca identificar la Ley General de Educación como la principal causa de los retrasos en educación.

La vida y el tiempo demostrarán el error y obligarán a docentes, estudiantes, académicos y actores sociales a mantener más viva que nunca la defensa de la educación pública con una actitud militante y vigilante.